El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito publicó una tesis aislada que valida el uso de pruebas obtenidas de redes sociales públicas o aplicaciones de mensajería instantánea en procedimientos administrativos sancionadores.
El criterio establece que, si uno de los interlocutores de una conversación levanta el secreto de la comunicación, el material obtenido es lícito. Esta resolución surge tras un amparo contra la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, donde se cuestionó la validez de imágenes y videos extraídos de WhatsApp y Facebook.
La tesis se fundamenta en un criterio previo de la Suprema Corte, que señala que no hay violación a la privacidad si un participante decide divulgar el contenido. Leer más.
